A principios de 1983, organismos privados y estatales, en el marco de la ampliación de reservas de gas natural que había tenido lugar en la década anterior, concibieron que había que seguir cambiando la matriz energética del país con una mayor participación de este combustible limpio y abundante, distribuido adecuadamente por gasoductos que atraviesan todo el país de sur a norte y de oeste a este. 

El resultado fue que se debía incursionar en el transporte automotor sustituyendo derivados del petróleo por gas natural comprimido vehicular, a través de lo que se denominó el PLAN NACIONAL DE SUSTITUCIÓN DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, en cuya elaboración trabajó personal de YPF y GAS DEL ESTADO con la colaboración de diversos sectores privados.